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“Lo cierto es que no hemos encontrado la altura de miras, en algunos sindicatos, que habíamos esperado. Así que en estos momentos la negociación va a entrar en un punto de ‘stand by’. Vamos a esperar cuál es la nueva propuesta de reforma del mercado laboral y a partir de ahí tomaremos decisiones”. Con estas palabras anunciaba el regidor torrejonero, Pedro Rollán, el 1 de febrero, el estado en que se encontraba la negociación del Convenio Colectivo de los empleados públicos del Ayuntamiento. Sin embargo, apenas cinco días después (ayer), arropado por un importante número de miembros del Ejecutivo y en presencia de José Luis García, coordinador de la Zona Este de CSIF, José María Farfán, también de CSIF, Ángel Marín, Secretario General de la Comarca Este de Servicios Públicos de UGT y José Antonio Ávila, Secretario General de CPPM, sindicatos representados y Ayuntamiento, en la persona de Pedro Rollán, suscribían el nuevo Convenio Colectivo 2012/ 2015.
El documento, elaborado según fuentes municipales bajo la premisa de la estabilidad del empleo y el ahorro económico, rebaja las pretensiones iniciales de ‘recorte’ en el capítulo de personal de 3 a 1,7 millones de euros y recoge, según las mismas fuentes, la eliminación paulatina de la temporalidad, cuestión esta directamente vinculada a 170 trabajadores de la plantilla. Según apuntó Rollán, el ahorro se asienta sobre recortes en el fondo social (se reduce en 370.000 euros hasta dejarlo en 30.000), el complemento de presencia; en el complemento de productividad (457.000 euros menos), la cobertura de incapacidad temporal (100.000 euros menos), los premios de fidelidad (66.000 euros anuales menos) y el fin del acuerdo de policía. “Este acuerdo con los sindicatos permitirá que no haya despidos en el Ayuntamiento y se garantiza la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos” ha asegurado Rollán.
El documento establece además que esta ‘merma’ en el poder adquisitivo de los trabajadores municipales se revisará si se dieran una serie de condiciones: la productividad en caso de que el Ayuntamiento supere los ingresos ordinarios en 100 millones de euros, el fondo social cuando el Consistorio supere los ingresos ordinarios en 106 millones de euros y la incapacidad temporal cuando el Ayuntamiento supere los ingresos ordinarios en 112 millones de euros.
Pese a las declaraciones del Ejecutivo, la situación actual del Ayuntamiento es lo más parecido a un ‘polvorín’ y es que los sindicatos que apoyan el documento representan una mayoría no demasiado holgada de los trabajadores municipales (alcanza el 53%). El consenso parece haberse convertido en una ‘misión imposible’ y es que, aunque desde el Ejecutivo aseguran que los sindicatos no firmantes pueden adherirse al acuerdo cuando lo deseen, los ‘aludidos’ tienen mucho que decir al respecto. En un comunicado conjunto suscrito por CCOO, UPM y CO.BAS, los tres sindicatos señalan que la esencia del convenio suscrito, lejos de evitar despidos: “trata de garantizar una densa red de privilegios, favores y sinecuras de unos pocos representantes sindicales de UGT, CSIF y CPPM a cambio de recortes que afectan a toda la plantilla”. “Se pretende enchufar por la puerta de atrás a familiares de la comisión negociadora y del Gobierno”, aseguraba en la mañana del pasado lunes Juan Manuel Fernández, representante de CO.BAS. Pero en sus críticas a tres bandas ‘cargan’ además contra el procedimiento y acusan al Ejecutivo de “prisas” y “falta de información” señalando lo “irregular” de la recta final de las negociaciones. “Yo duermo perfectamente. El que debe dormir mal es él, porque lo que tiene que hacer es llegar a un buen acuerdo entre todas las partes de la empresa”, aseguraba Raúl Marín, de UPM, al respecto de las declaraciones de Rollán sobre los sindicatos que han dicho ‘NO, a los recortes’ y han decidido no firmar. “La batalla no está perdida y hay que responder a la agresión del Equipo de Gobierno y desenmascarar a los que sólo negocian sus propios privilegios” sentencian en su comunicado CCOO, UPM y CO.BAS. Dos visiones muy diferentes, las de sindicatos (CCOO, CO.BAS y UPM) y Ayuntamiento (y sindicatos firmantes), que parecen no encontrar un punto de equilibrio en el Convenio Colectivo 2.012/2015 que, lejos de acercar posturas, tras su rúbrica con el 53% de los apoyos, parece haber abierto una ‘brecha’ que amenaza con continuar.
Una cronología de encuentros y desencuentros
El convenio colectivo fue denunciado por el Gobierno en octubre. A mediados de diciembre, el Ejecutivo anunciaba su nuevo Plan de Control del Gasto, un documento que vaticinaba ahorros en el capítulo de personal y el 14 de diciembre arrancaban las negociaciones del convenio colectivo municipal. Días después y a propuesta de UPM, agentes de la Policía Local ‘arropados’ por CCOO y CO.BAS se concentraban en la Plaza de España. El período navideño daba una tregua a las negociaciones que se retomaban con el inicio del año, ahora sí, con matices en la propuesta municipal. En plena negociación y con la sombra de un principio de acuerdo planeando sobre el Consistorio, Francisco Lara, director de Empleo, presentaba su dimisión. En las dos últimas semanas: propuesta, contrapropuesta, rechazo de los trabajadores, ‘stand by’ y giro en los acontecimientos que se traducía en la firma de un acuerdo respaldado por un escaso margen de la mayoría (53%). Los efectos: primeras críticas, comunicados y movilizaciones que han arrancado hoy mismo en pleno centro de la ciudad con una concentración (entre las 11 y las 13 horas) convocada por CO.BAS y secundada por CCOO y UPM ante fuertes medidas de seguridad: dos furgones de Policía Nacional y una veintena de agentes. Por delante: el anuncio de nuevas protestas y la firma, aún pendiente, del acuerdo con el colectivo de Policía Local.
